La jornada, política

Los dirigentes del frente Diálogo por la Reconstrucción de México (Dia) formalizaron ayer ante el Instituto Federal Electoral (IFE) una denuncia contra el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont; el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y el secretario general de Gobierno de esa entidad, Luis Miranda, por el acuerdo entre el PRI y el PAN para impedir las alianzas en el Edomex, que fue atestiguado por Gómez Mont y Miranda, “violentando la neutralidad a la que están obligados los funcionarios públicos”.

Metepec, Méx., 8 de marzo. El gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, negó hoy que el acuerdo signado entre las dirigencias de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) fuera un intercambio que incluyó el compromiso blanquiazul de no efectuar alianzas electorales para los comicios de 2011, cuando estará en juego la gubernatura mexiquense, a cambio de que los priístas aprobaran el paquete fiscal propuesto por Felipe Calderón y su correspondiente alza a varios impuestos.

La Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (Caninpesca) pidió al gobierno solicite a su homólogo de Estados Unidos acelerar la inspección de las embarcaciones camaroneras para que el reinicio de la temporada de captura en altamar no se vea obstaculizado.

No es una maldición, pero casi. Las alianzas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con los gobiernos panistas para incrementar el IVA han terminado convirtiéndose en un bumerán para quienes las impulsan. Promovidas por las dirigencias del tricolor para obtener ganancias inmediatas, han provocado que sus impulsores paguen una costosa factura política.

La organización internacional de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) aseveró, durante la presentación del quinto informe periódico de México ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que “es decepcionante” que el país “haya desaprovechado esta oportunidad para reconocer y afrontar la impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por militares”.

Los ministros Luis María Aguilar Morales y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea percibirán durante 2010 ingresos anuales inferiores en más de 30 por ciento al que obtendrán los otros nueve integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La élite política confía en que el Firmagate quede como suele quedar luego todo en México, es decir, en nada. Escándalo tras escándalo la clase dirigente de nuestro país sigue adelante, aferrada a cargos y presupuestos, parapetada tras declaraciones cínicas y argumentaciones que ofenden la inteligencia. Basta con negar algo para que su contundencia y dramatismo se disuelvan mediáticamente; el chiste está en no aceptar errores y sí transferir cargas: yo sólo sé que no sé nada, sería la socarrona salida neosocrática de los filósofos circenses.

La Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación la sentencia emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso conocido como Campo Algodonero, relacionada con el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, como ordenaba la resolución de noviembre.

Sin orden ni concierto, tal como aparece el “profundo debate” sobre las alianzas políticas entre partidos que se reprueban todos frente a todos, veamos una pequeña muestra.

Después de que el presidente del Senado, el perredista Carlos Navarrete, aseveró en una entrevista matutina con la periodista Carmen Aristegui que el ex presidente Carlos Salinas es el jefe de campaña del gobernador Enrique Peña Nieto para la Presidencia de la República en 2012, el vicecoordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Silvano Aureoles, insistió en conferencia de prensa que “el ex mandatario no sólo es el promotor sino también coordinador de la estrategia”.

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, emitió una alerta sobre la violencia que “se impone de una manera horrenda” en muchas partes del país y afecta a toda la sociedad mexicana.

El asunto de que se abra la posibilidad de que en tiempos de elecciones se permita que personas de la sociedad civil se posicionen y se conviertan en candidatos a un puesto de elección popular ha generado gran controversia. Si bien es cierto que la enorme mayoría de la sociedad se ha manifestado en favor, pues, como bien se percibe, los partidos políticos están totalmente desacreditados y no hay quien les confíe nada (y menos claro después del cochinero PRI-PAN para acordar el asunto de los impuestos), sí hay voces que se manifiestan en contra y algunas que temen que ocurran cosas catastróficas.

En consonancia con lo planteado por César Nava para discutir una eventual alianza en el estado de México, luego de acusar a su homóloga del PRI, Beatriz Paredes, de romper el pacto que impediría la construcción de un acuerdo electoral en ese sentido, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN delegó a los órganos directivos estatales la responsabilidad de decidir cómo se dará la participación del blanquiazul en esos comicios.

El incumplimiento de Pemex a la normatividad y a la introducción de combustibles de ultra bajo azufre (UBA) para reducir las emisiones de contaminación y permitir la entrada de vehículos de última generación fue cuestionado ayer por el premio Nobel Mario Molina y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El abogado José Bonilla Sada, director del bufete jurídico que representaba a los hijos mexicanos de Marcial Maciel Degollado, fundador de la Legión de Cristo, anunció este lunes que rompió relaciones con sus clientes, ya que a ese despacho legal le parece inaceptable que los jóvenes hayan pedido dinero a cambio de guardar silencio.

El Sindicato Independiente de Académicos del Colegio de Posgraduados (Siacop) denunció que a 19 días de huelga “no se vislumbra una posible solución” al conflicto, debido a que las autoridades de la casa de estudios se niegan a negociar y están a la espera de que los trabajadores “firmen un cheque en blanco” que les permita poner en marcha una restructuración académica que atenta contra la institución y los derechos laborales.

La violencia en la frontera norte ha creado condiciones semejantes a las que se dieron por la insurrección indígena en 1994 en Chiapas: la demanda de autonomía.

Saltillo, Coah. Elba Esther Gordillo Morales negó que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se oponga a evaluar el desempeño de profesores, y aseguró que “la ineficacia” del gobierno federal detiene los procesos para mejorar la infraestructura educativa y el sistema de enseñanza. “Nosotros no nos hemos negado a que se califique el desempeño de los maestros, ni los compañeros maestros se han negado a hacerlo; lo que ha habido es ineficacia de la secretaría [de Educación Pública] para presentar su sistema de evaluación”, aseguró este lunes la dirigente moral del SNTE. Externó que su sindicato impulsa desde 1989 el programa de carrera magisterial, a fin de involucrar a los docentes en un esquema de capacitación continua, pero hasta ahora la SEP no ha puesto la parte que le corresponde.

El Estado Mayor Presidencial (EMP) cambió su estructura para acrecentar la protección del presidente Felipe Calderón al añadir dos subjefes: de seguridad y de logística. Además elimina en su reglamento el apoyo de “especialistas civiles” en estas tareas y menciona sólo el personal de seguridad pública.

El informe anual de la contraloría general del Instituto Federal Electoral (IFE) destaca algunas irregularidades administrativas en las que incurrió el organismo, como: incremento no justificado de pago de arrendamientos de inmuebles, notificación tardía ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de movimientos de personal y pagos sobregirados de adquisición de inmuebles respecto a los topes fijados.