La jornada, política

El Instituto Federal Electoral (IFE) inició la destrucción de 548 toneladas de papelería de los comicios de 2009, lo que costará 1.9 millones de pesos para el reciclaje de este material. La trituración de los impresos la emprenderán los 300 distritos electorales en el país y en ningún caso, subrayó el consejero electoral Marco Antonio Baños, se incluye documentación de las polémicas elecciones de 2006, aún en litigo relacionado con una petición de acceso a la información.

Florence Cassez Crepin lleva más de cuatro años en prisión acusada de participar en tres secuestros. Se hizo famosa la mañana del 9 de diciembre de 2005, cuando se le vio, en compañía de un hombre identificado como Israel Vallarta Cisneros, su ex novio, y de tres víctimas de plagio, mientras era detenida por agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI).

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión determinó que los secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública, Francisco Blake y Genaro García Luna, respectivamente, y la comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), Cecilia Romero, deberán comparecer ante el Senado para que informen sobre “el creciente secuestro de migrantes” y la ejecución de 72 indocumentados.

A partir de hoy, los 500 diputados federales podrán seguir las sesiones ordinarias “desde cualquier lugar”, con una aplicación que estará disponible para sus iPhone, iPad o BlackBerry en lo que constituye el primer paso hacia el “Congreso virtual”, sistema que próximamente permitirá a los legisladores votar a distancia.

Monterrey, NL., 31 de agosto. A partir de ayer, Nuevo León se convirtió en la entidad pionera del país con la instalación del Tribunal para el Tratamiento de Adicciones, con el cual se busca rehabilitar a aquellas personas que infringen la ley a causa de la drogadicción y de la violencia intrafamiliar.

Tras la matanza de 72 indocumentados en Tamaulipas, el gobierno federal presentó la Estrategia Integral para la Prevención y Combate del Secuestro de Migrantes, con cinco grandes líneas de acción: colaboración interinstitucional para la protección de éstos y combate a la trata de personas; instrumentar operativos de inteligencia para desmantelar las redes de explotación y abuso a estas personas; políticas para desalentar la migración indocumentada; cambios legales para el castigo más eficiente de delitos asociados, y acciones de atención a víctimas.

Antecedentes: En los feroces blogs estadunidenses se solía sustentar que Estados Unidos había gastado sus vastas reservas en oro, almacenadas en el célebre Fort Knox, para apoyar a su friable dólar.

De mantener en México el actual modelo económico procíclico, en el que no se activan los motores internos del crecimiento y se depende de los mercados internacionales, la crisis financiera y sus efectos no sólo serán historia y presente, sino también influirán en el futuro de las familias mexicanas, concluyeron los expertos del grupo Nuevo Curso de Desarrollo durante la presentación del documento Memorándum de política económica y presupuestal para 2011.

Cuando Karl Jaspers, en la década de 1950, reunió sus ensayos en el libro La práctica médica en la era tecnológica (Editorial Gedisa, España, 1988), caviló sobre los derechos del paciente frente a su médico, en la “aparatización” –Jaspers usó ese término– como factor nocivo y en la dignidad del afectado. También reflexionó acerca de las razones por las cuales los enfermos acuden a la consulta y cuántas de sus demandas son satisfechas. Han pasado seis décadas desde la publicación del libro. Sus observaciones no han envejecido.

La distribución en todos los hogares de millones de banderas de México, junto con una carta del presidente Felipe Calderón en la que se asegura que los colores y el escudo nacional simbolizan la lucha del pueblo mexicano contra sus enemigos, no sólo es una “grave tergiversación histórica, sino que se incurrió en un lamentable uso político de los símbolos patrios”, aseguraron especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Juan José Balderas Garza, El JJ, era amigo de Salvador Cabañas, pero la madrugada del 25 de enero de este año el futbolista “andaba de malas y discutieron”; luego, El JJ le disparó a la cabeza, narró Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, durante un interrogatorio en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.

En el marco de la reforma electoral de 1987, el Diario Oficial consigna el nuevo Cofipe, cuyo artículo 343 era para la Iglesia sancionador en extremo, pues imponía multas de 500 a mil días de salario y prisión de cuatro a siete años a los ministros de culto religioso que indujeran al electorado en favor o en contra de algún candidato o partido. Era la administración de Miguel de la Madrid. La medida buscaba neutralizar la creciente participación del clero en los procesos electorales en el norte y occidente del país, cuyas simpatías se inclinaban por el PAN. Sin duda, el caso más polémico y emblemático fue el de Chihuahua (1985). Ahí el clero denunció fraude y amenazó con el cierre de templos. El episcopado mexicano reacciona y protesta contra la severa medida e incluso llega a provocar al entonces gobernante y todopoderoso PRI. Genaro Alamilla, obispo de Papantla y vocero del episcopado, declara contundente: “¿El 343? Que me lo apliquen. Yo no tengo miedo, al contrario, ¡ellos tienen miedo de aplicármelo!” Ésos fueron los titulares de muchos periódicos de aquel lejano 20 de octubre de 1987. Nadie le tomó la palabra, ni con toda la soberbia del viejo sistema, y en diciembre de ese año los legisladores suavizan el 343. La Iglesia se anota un triunfo histórico que, en el contexto de hace 24 años, fue una conquista de la democracia, pues la Iglesia era uno de los pocos espacios no controlados por el gobierno, que se venía debilitado sobre todo a partir de los sismos de 1985: y al mismo tiempo se perfilaban las reformas de 1992, que ponían fin a un largo periodo de ambigüedades en las relaciones Estado-Iglesia, o “simulación equívoca”, como expresó Soledad Loaeza en aquellos años.

Al cerrarse el margen de negociación entre el PRI, PAN y PRD por el reparto de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y ante la imposibilidad de alcanzar acuerdo, los grupos parlamentarios decidieron aplazar al domingo 5 la decisión de quién presidirá la mesa y obviaron someter a votación una planilla, como ordena la Ley Orgánica del Congreso.

“Venga por la renta. Aquí la estamos esperando”, le dijeron el pasado 16 de julio a la abogada Emma Laura Ramírez Mandujano, propietaria de tres casas en Colima. Las había alquilado a trabajadores del Grupo Minero Alondrita de Sonora. Pero no pagaban. Tenían seis meses de adeudo. El anuncio de la liquidación había esperanzado a la familia. Al llegar, Emma fue levantada. Sus inquilinos desaparecieron. Y su coche fue encontrado quemado horas después, sin rastro de ella.

El presidente Felipe Calderón se reunió ayer por la mañana con el gabinete de seguridad antes de partir a Veracruz.

El gobierno mexicano tiene cuatro opciones para determinar el paso a seguir sobre la situación jurídica de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, detenido el pasado lunes en un poblado de Lerma, estado de México, quien al parecer era informante de las autoridades estadunidenses.

Rosario Ibarra de Piedra, dirigente del Comité Eureka y senadora de la República, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra el ex presidente Luis Echeverría Álvarez por la desaparición forzada de Jesús Piedra Ibarra, quien fue detenido en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en abril de 1975.

Senadores y diputados del PAN festejaron la captura del narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, mientras el coordinador de los diputados del PRI, Francisco Rojas Gutiérrez, comentó que el hecho “no modifica absolutamente nada. A algunos –agregó– hasta los extraditan, pero la violencia sigue igual o peor”.

La actual legislatura en la Cámara de Diputados mantiene la tesitura de interpretar a su modo e interés la Ley Reglamentaria del Congreso y para ejemplo de ello el presidente saliente de la mesa directiva, Francisco Ramírez, determinó que al no existir acuerdo en la designación de la mesa en la sesión de instalación de Congreso General no habrá posicionamientos de los partidos.